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Noticias de El Salvador - ContraPunto

Agosto 23 / 2014

Prohibición del proselitismo en el gobierno y el Cambio

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La medida presidencial no tiene precedentes; a diferencia de sus antecesores que hasta usaron su poder para hacer proselitismo, en la actualidad está prohibido 
 

Por M.Flores y N.Rentería

SAN SALVADOR
– La forma de hacer política en El Salvador podría tener un cambio de rumbo si se llega a cumplir el anuncio del presidente Mauricio Funes de no permitir que los funcionarios de su gobierno participen en  el proselitismo electoral.

La medida es clara: no participar en el proselitismo ni en horarios fuera de oficina ni los fines de semana; hasta el momento no se contempla, incluso, la solicitud temporal de permisos para quienes quieran participar en arengas y movilizaciones o en estrategias electorales, tal como algunos miembros de partidos políticos y actuales funcionarios interpretaron la postura presidencial.

“No permitiré que mis funcionarios se involucren en el proceso electoral; los funcionarios tienen prohibido involucrarse en el proceso electoral”, dijo con énfasis el mandatario y agregó que aquellos decidan hacerlo tienen dos caminos, renunciar o serán destituidos.

La declaración presidencial ya surtió efectos. El director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Oscar Kattán renunció a su cargo para dedicarse a tiempo completo a la secretaria del partido socialdemócrata Cambio Democrático (CD).

El caso de Kattán se convierte en la primera renuncia “voluntaria” en el gobierno, luego de la disposición de Funes.

Y es que el inédito anuncio ha sido recibido con júbilo por diversos sectores, entre organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos y analistas, quienes aseguran que era una de las deudas que se tenía en el país.

La Constitución de la República en el artículo 218 establece que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista”.

Agrega que el funcionario que realice estas acciones “será sancionado de conformidad con la ley”.

Sin embargo, en administraciones de gobierno anteriores existieron innumerables quejas y críticas porque los funcionarios ocupaban sus cargos para hacer campaña a favor del partido oficial, además de que se utilizaban recursos del Estado para financiar las campañas. Las sanciones nunca llegaron.

También existieron denuncias de que a los empleados públicos se les obligaba a participar en mítines para apoyar a los candidatos del partido en turno.

“Parece una medida de buen gobierno, la cual debió haberse tomado muchos años atrás. Pero nunca es tarde para comenzar a corregir los errores del pasado”, dijo a ContraPunto el presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), Félix Ulloa.

Por su parte, el director Ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, sostiene que la decisión del mandatario es “correcta”.

“Ningún funcionario público puede, aprovechándose de su cargo, hacer proselitismo político porque puede generarse la tentación de hacer uso de recursos del Estado, o en todo caso utilizar tiempo que un funcionario debe dedicar a la función pública para dedicársela a la función partidaria, y eso en realidad en buena medida es restarle recursos al Estado”, dijo.   


Firmeza en la decisión


Luego de conocer el anuncio, muchos funcionarios dijeron que acatarían la recomendación del presidente, sin embargo, algunos dejaron entrever que podrían acompañar a sus partidos políticos durante los fines de semana cuando no cumplían labores gubernamentales.

Funes tuvo que salir al paso y sortear las ambigüedades de su anuncio. Para ello, el pasado 10 de enero firmó el decreto “Disposiciones para regular la eficaz gestión de la administración pública en el marco del proselitismo electoral”.


El memorando enviado a todos los funcionarios indica que “durante el período que permanezcan en sus cargos, están obligados a cumplir las regulaciones y prohibiciones relacionadas con la política partidista establecidas (…) y en especial, aquellas que les inhiben de realizar propaganda electoral, en consecuencia, no podrán realizar o involucrarse en la realización de actos político y/o electoral”.

La medida tendrá que ser acatada por los ministros como viceministros, secretarios de la presidencia, subsecretarios, superintendentes, presidentes y directores de instituciones autónomas.

De no cumplir estas disposiciones, el presidente dentro de sus facultades constitucionales de nombramiento y remoción de funcionarios, evaluará de manera permanente el cumplimiento de las obligaciones para considerar la continuidad en el cargo.

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eduardo Urquilla, sostiene que el artículo 237 del Código Electoral también tiene el mismo espíritu del expresado en la Constitución de la República, de prohibir a los funcionarios prevalecerse de su cargo para hacer campaña.

“En la mayoría de todos los códigos electorales de América Latina esa es la intención no es que haya una prohibición total para ejercer una política partidista de parte de funcionarios o empleados públicos”, sostiene Urquilla.

El magistrado del ente colegiado asegura que el presidente está en su pleno derecho de exigirle o solicitarles a los ministros que renuncien a ese derecho, que puedan ejercer una política partidista y les invita a dedicar su tiempo completo a las labores gubernamentales.

Mientras tanto, Ramón Villalta de la ISD, sostiene que “si esto es de verdad efectivo creemos que estaríamos asistiendo a una nueva etapa del país en donde los partidos que llegan al gobierno se verán el futuro limitados para poder realizar proselitismo partidario”.


¿Partidos afectados?


Algunos de los funcionarios pertenecen a los partidos Cambio Democrático (CD), Partido Social Demócrata (PSD) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); este último es el partido de gobierno, dado que Funes se postuló legalmente como miembro del partido de izquierda.

El FMLN fue uno de los más acérrimos críticos de los gobiernos de  la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) por la utilización de recursos del Estado para realizar campaña electoral y que sus funcionarios utilizaban sus puestos para hacer proselitismo.

El punto más alto de las críticas se produjo durante el mandato del ex presidente Elías Antonio Saca (2004-2009).

El diputado y líder efemelenista Sigfrido Reyes dijo en una entrevista televisiva que el artículo 218 de la Constitución de la República no significa bajo ningún término que los funcionarios se despojen de sus ideas políticas o a tener militancia, pero si les prohíbe valerse del Estado para favorecer a su partido.

“Habemos suficiente militantes y dirigentes del FMLN que podemos hacer campaña en todo el país. Nuestros funcionarios están dedicados a su trabajo, lo van a seguir haciendo y lo van a seguir haciendo bien, y qué mejor contribución que le pueden dar prestigio al FMLN y a sus propósitos electorales q hacer bien su trabajo”, dijo Reyes en el espacio televisivo.

Pero, los protagonistas del gobierno y que pertenecen al partido del FMLN, quienes tienen la pelota en su cancha están dispuestos a respetar esta disposición de Funes. Uno de ellos es el ministro de Obras Publicas (MOP) Gerson Martínez.

“Vamos a marcar la diferencia, en este país siempre hemos tenido presidentes activistas propagandistas panfletarios y ministros propagandistas, que se prevalecieron de su cargo utilizando recursos públicos y fungiendo como activistas, eso se acabo. Vamos a trabajar enteramente al servicio del interés público y no de grupos”, dijo Martínez.

A un año de que se celebren las elecciones en el país, solo el tiempo dirá si en realidad las disposiciones presidenciales serán respetadas. Miles de salvadoreños acudirán a las urnas en 2012 para elegir los 262 alcaldes, los 84 diputados del Congreso y los representantes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

En la contienda participarán el opositor ARENA, el socialdemócrata CD, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el Partido de Conciliación Nacional (PCN), el Partido Demócrata Cristianos (PDC) y candidatos independientes.

El presidente de  IEJES, Félix Ulloa, sostiene que el partido oficial y Mauricio Funes tienen un gran desafío de mantenerse al margen del proselitismo de cara a estas elecciones.

“Si el Frente acata al pie de la letra las instrucciones presidenciales, saldrá ganancioso de cara a la opinión pública y por lo tanto su respaldo popular podría incrementarse. De lo contrario, estaría enviando otra señal de que su desempeño en el poder es igual que el de los partidos de la derecha”, dijo.

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