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Noticias de El Salvador - ContraPunto

Abril 24 / 2014

CSJ decidirá nuevamente destino de ex militares

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Con expectación, pero sin mayor sorpresa, se recibe la petición de España de extraditar a los ex militares vinculados al Caso Jesuitas

Por Fernando de Dios/Gerardo Arbaiza

SAN SALVADOR – La pelota está nuevamente en el tejado del Estado Salvadoreño.

En los próximos días el Ministerio de Relaciones Exteriores recibirá del gobierno español la solicitud formal de extradición de 13 ex militares acusados de asesinar el 16 de noviembre de 1989 a seis padres jesuitas, una de sus empleadas y la hija de ésta en la Universiad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

El proceso judicial se sigue en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional de España y lo instruye el juez Eloy Velasco.

El Consejo de Ministros del gobierno español acordó este viernes aceptar la petición del juez y solicitar formalmente las extradiciones.

Es precisamente lo que echaron en falta tanto el gobierno salvadoreño como la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en agosto, cuando llegaron las difusiones rojas de Interpol que implicaban orden detención internacional para estas personas.

Dicha orden no fue acatada y en lugar de ello, nueve de los trece implicados decidieron entregarse en un estado de “resguardo militar”, en la sede de la ex Guardia Nacional, para que ahí su caso fuera conocido ante la instancia de justicia correspondiente.

Unas semanas después, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estimó que las difusiones rojas de Interpol no representaban un pedido explicito de captura y extradición, y los militares quedaron en libertad.

El presidente Mauricio Funes se mostró  satisfecho con la decisión de los magistrados y señaló que al no haber petición de extradición, no se les podía detener.

Con el nuevo panorama que se plantea en el caso, luego que el gobierno español tomara una acción formal, la CSJ, así como otros sectores involucrados en el caso, permanecen expectantes y con reservas legítimas, considerando los antecedentes previos.

Mirna Perla, Magistrada de la Sala de lo Civil de la CSJ, comentó a ContraPunto que las órdenes de extradición, cuando lleguen al conocimiento del Órgano Judicial, se discutirán en Corte Plena y se tomará una decisión en torno a ellas, con al menos ocho votos.

“Espero que la discusión sea objetiva, tomando en cuenta la responsabilidad que tiene la Corte frente a la persecución de delitos graves, como el que se está hablando”, acotó.

La Magistrada prefirió no adelantar en que podrían desembocar las discusiones, o si incluso podría retrasarse el conocimiento de las órdenes de extradición por falta de quórum, como pasó durante la discusión de las difusiones rojas de Interpol.

Tampoco quiso especular sobre si los militares podrían volver a tomar una acción como la de entregarse a la Brigada Nacional de Seguridad Militar, para eludir  las extradiciones.

“Aquí tenemos que esperar qué hará Corte Plena y qué harán las personas y ahí ocurren dos posibilidades; o acuden al llamado de España y recurren a su derecho de defensa, o argumenten que el caso ya está juzgado o se amparen a la Ley de Amnistía”, manifestó Perla.

El diputado de ARENA Cesar Reyes Dheming reiteró que su partido mantiene la posición que el caso Jesuitas ya fue previamente juzgado y que la posición de España viene a violentar la soberanía nacional y la Ley de Amnistía.

También expresó que el gobierno español está abriendo las puertas “a la polarización interna del país” y que no beneficia en nada a las personas implicadas en el hecho.

Señaló que los militares implicados podrían proceder, si así lo consideran, a acudir a la Brigada Nacional de Seguridad Militar, por ser el órgano de justicia auxiliar de la Fuerza Armada, basándose en que la Constitución hace factible una legislación especial para los asuntos militares.

“Esa unidad (la Brigada Nacional de Seguridad Militar) está debidamente registrada en nuestro sistema jurídico y penitenciario, y ellos, como militares en retiro, pueden acudir a este órgano y ella está obligada a darle asistencia jurídica”, argumentó Reyes Dheming.

“El sistema judicial salvadoreño está obligado a respetarlos”, añadió el diputado.

Reservas y cautela

Al respecto, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Benjamín Cuellar, indicó que ese tipo de aseveraciones demuestra que “la casta militar sigue siendo intocable y tiene un espíritu de cuerpo enorme”.

Cuellar ve con preocupación, que este mismo planteamiento es compartido, tanto por el antiguo ministro de Defensa y hoy titular de Seguridad Pública y Justicia, David Munguía Payes, por haber permitido que los militares retirados se resguardaran en el local de la ex Guardia Nacional

Asimismo, sostiene que el actual ministro de Defensa, General José Benítez Parada, estuvo en primera fila y con uniforme militar en la Misa que estos militares organizaron para dar gracias por su absolución.

“Eso se llama apoyo incondicional, moral, tal vez político e institucional”, aseveró Cuellar.

Por otra parte, valora la decisión tomada por el Consejo de Ministros de España como “un paso necesario, debido a la tozudez e incompetencia de todos los gobiernos de la posguerra, por mantener la impunidad en éste y otros casos”.

Valoró también la insistencia de las victimas por luchar contra la impunidad y calificó como positivo el hecho que el próximo gobierno español, que dirigirá  el conservador Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, también llevará el reclamo de España hasta las últimas consecuencias.

Y además apuntó a que el país se juega mucho en este caso, por lo que el procedimiento, a su juicio, podría acelerarse.

“Si es cierto, aunque no lo hayamos confirmado, que se ha condicionado al resultado del recurso de extradición la ayuda de la Cooperación Española a El Salvador, creo que se van a acelerar los tiempos o se desencadenarán otros acontecimientos políticos internos”, vaticinó Cuellar.

Asesinatos violan soberanía española

ContraPunto obtuvo respuesta por parte la abogada española Almudena Bernabéu, quien forma parte de la acusación como representante del Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA por sus siglas en ingles) en Estados Unidos.

Bernabéu también reaccionó a lo pronunciado por el diputado de ARENA, Cesar Reyes Dheming, señalando que “asesinar españooles viola la soberanía española”.

Cinco de lo seis padres jesuitas asesinados eran de nacionalidad española, lo que da plena competencia al tribunal español para juzgar este caso, de acuerdo a los tratados internacionales y a la propia legislación de España y El Salvador.

Por otra parte, Bernabéu se muestra satisfecha con la decisión del gobierno español, sosteniendo que será otra oportunidad para El Salvador de hacer valer la legalidad, y las instituciones nacionales y hacer prevalecer la justicia, para acabar con la impunidad.

"Este trabajo es fruto de la persistencia de los salvadoreños, no de cuatro abogadillos y de cuatro jueces. Esto es lo que los salvadoreños quieren y necesitan, y estos logros resarcen a todos los salvadoreños", afirmó la abogada.

También detalló cómo va el proceso con los militares requeridos por la Audiencia Española que se encuentran en Estados Unidos, tanto Héctor Ulises Cuenca Ocampo, como  Inocente Orlando Montano.

Del primero dice que permanece escondido hasta la fecha, pero del segundo señala que Estados Unidos le ha dictado auto de procesamiento por dos cargos de perjurio, ante los que Montano se ha declarado culpable.

“Como institución, lógicamente, estamos de acuerdo con que cumpla con la legalidad de EE.UU y cumpla con lo que la ley establece. Sin embargo, lo mas importante es que cumpla por las violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido y que sea extraditado a España. La deportación a El Salvador tras su condena, solo contribuiría a la impunidad”, concluyó Bernabéu.

Lo que vendrá

Como dijo Bejamín Cuéllar, hay otros sectores que secundan la posición de ARENA en este asunto. Entre esos sectores hay una buena parte de magistrados de la CSJ.

Cuando en mayo del pasado año el juez Velasco pidió información sobre 14 de los acusados en este caso, la cúpula del Poder Judicial del país decidió no enviarla.

En esa ocasión se ocuparon argumentos jurídicos parecidos a los esbozados por Cesar Reyes Dhemin, es decir, que es un caso ya juzgado, que los delitos han prescrito y que estas personas están protegidas por la Ley de Amnistía.

Argumentos que son rebatidos por el juez Velasco en su auto del mes de mayo de este año y que contradicen la jurisprudencia internacional en casos similares, como los de varios antiguos militares argentinos que hay sido juzgados en España o el del ex dictador chileno Augusto Pinochet, que en 1998 estuvo a punto de ser extraditado también a España desde Londres.

El derecho internacional deja muy claro que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que, al ser contra toda la humanidad, pueden ser juzgados en tribunales internacionales.

También la Sala de lo Constitucional de la CSJ estableció en el año 2000 que la Ley de Amnistía no puede ser aplicada a crímenes de lesa humanidad.

No obstante, la CSJ de El Salvador tiene legalmente la competencia de negar la extradición de los ex militares a España.

En tal caso, en opinión de Almudena Bernabéu, las autoridades salvadoreñas fallarán a los salvadoreños, a su ciudadanía.

También añadió que "si no su gobierno, sus propias instituciones, alguien al menos les hará caso. Siempre habrá alguien en alguna parte. Que cualquier gobierno de turno entienda eso, que en la era de la globalización no pueden aislarse".

Si la CSJ finalmente niega la extradición, el caso quedará pendiente de que Estados Unidos sí conceda la extradición de Montano, que está preso, y de Cuenca Ocampo, que está en paradero desconocido aunque se presume que dentro del país norteamericano.

Si ese proceso de cumple y finalmente se celebra el juicio en España con la presencia de una de estas personas o de ambas, una sentencia condenatoria afectaría a todos los acusados, con lo que no podrían salir del territorio de El Salvador el resto de sus días.

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