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El hecho del pasado podría generar repercusiones en la imagen nacional y en sus relaciones con el mundo  

Por Gerardo Arbaiza

SAN SALVADOR - La justicia salvadoreña lleva más de una semana discutiendo el futuro legal de nueve  ex-militares, que se encuentran desde el domingo 7 en unas especie de “resguardo militar” al interior de la Brigada Especial de Seguridad Militar (ex-Guardia Nacional), y sobre quienes pesa una orden de captura internacional de la Interpol.

Ante los escenarios que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) proceda con la extradición o absuelva a los nueve ex-militares, implicados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, un ama de llaves y su hija, en noviembre de 1989, analistas conocedores del caso o el contexto en el que se dio el hecho, concuerdan que la imagen del país está siendo puesta a prueba.

Uno de los aspectos que podría ponerse en entredicho son las relaciones con el Reino de España, el cual ha remitido a El Salvador aportes considerables en temas como la lucha contra la pobreza, defensa de Derechos Humanos y sostenibilidad medioambiental, entre otros aspectos.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo manifiesta en su sitio web que El Salvador es un ”objetivo prioritario”, solamente entre 2006 y 2009 los montos de cooperación recibida por el gobierno español ascendieron a 200 millones de dólares.

Según manifestó a ContraPunto el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, una posible absolución de los ex militares como un “escenario grave” en la imagen proyectada por El Salvador ante el mundo, especulando sobre las fricciones que esto pudiera causar con España.

“Aquí hay proyectos del Sistema de Justicia, de instituciones públicas y ONG’S que han recibido apoyo de la Cooperación Española, y esto podría complicarse”, sostuvo Luna.

El funcionario también valoró que podrían originarse otras complicaciones de “orden político” en el entendido que España pertenece a la Unión Europea y dicho enclave regional también coopera con proyectos a El Salvador.

Alguien que comparte la misma presunción es Francisco Jovel, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992, quien especula que las relaciones con España podrían tensionarse y la cooperación brindada a El Salvador podría llevar su parte de daño.

“España ha estado interesado en respaldar económica y políticamente el proceso de reconstrucción de este país después de la guerra”, comentó.

El otro aspecto en juego es el de la imagen de la justicia salvadoreña ante el mundo, y Benjamín Cuéllar, Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (IDHUCA), no augura que la CSJ avale la extradición de los ex-militares requeridos por la Audiencia Nacional de España desde el pasado mes de junio. 

Cuéllar manifiesta desconfiar del Sistema Judicial en general, al no enviar la documentación requerida por la Audiencia Nacional de España, referida a los implicados, además de no intimar a los acusados, para ofrecerles planificar mejor su defensa, argumentando que se violaría la Soberanía Nacional o “abriría heridas del pasado”.

“Si no hicieron lo menos ¿Cómo van a hacer lo más?”, sostuvo Cuellar.

Para este defensor de Derechos Humanos, a El Salvador “se le terminaría de perder el maquillaje” ante la justicia internacional, a causa del blindaje mostrado en torno a imputados por crímenes de lesa humanidad.

Cuellar hace una comparación con Guatemala, donde la semana pasada se condenó a cuatro militares por perpetrar crímenes contra la población indígena durante la década de los 80, señalando que el vecino país hace lo que en El Salvador no se hace, aun cuando se les cuestione por ser un “Estado fallido”.

Alegatos como los del ex General Mauricio Vargas, que de llegar a darse la extradición de los nueve implicados, se revertiría el proceso de paz, solo demuestra que dicho proceso no es sólido, según Cuellar, y citando al Papa Juan Pablo II aseveró que no puede haber paz “sin equidad, verdad, justicia y solidaridad.”

Por su parte, Francisco Jovel considera que una resolución absolutoria para los militares, implicaría un espaldarazo del más alto nivel a la impunidad en este caso, devaluando aun más la imagen de la justicia salvadoreña ante el mundo.

“De por si, la justicia salvadoreña no está muy bien evaluada ante el mundo, tanto en el proceder interno como en el caso que nos atañe (…)La confianza en que este país es posible administrar justicia quedaría profundamente dañada”, sostuvo.

El Sistema Judicial salvadoreño ha sido cuestionado constantemente por instancias como el Departamento de Estado de EE.UU, el cual en sus informes anuales sobre Derechos Humanos lo ha catalogado de “ineficaz, corrupto y carente de medios”.

En cuanto al proceso de pacificación en el país, Jovel menciona que la herida del pasado quedaría abierta, ya que con el juicio se persigue que la herida se cierre al conocer la verdad en dicho caso, y otorgarles a los representantes de la Compañía de Jesús en el país, que ejerzan su derecho a perdonar a los culpables de tan emblemático crimen.

En caso que los militares sean enviados a juicio, el analista no ve problemas que el proceso de Paz se resquebrajaría, como lo han dado a entender sectores allegados a los implicados, al menos que en el país existieran grupos paramilitares que podrían generar desestabilización si la resolución definitiva no fuera favorable a sus deseos.