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Noticias de El Salvador - ContraPunto

Agosto 29 / 2014

Funes anuncia nuevas medidas contra la delincuencia

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Plantea un servicio militar obligatorio para jóvenes en riesgo, más  policías y una comisión para contralar la labor de la Fiscalía  

Por Hugo Sánchez 

SAN SALVADOR - El presidente Mauricio Funes, anunció la implementación del servicio militar obligatorio para jóvenes en riesgo de ingresar a pandillas como medida para reducir los niveles de violencia que azotan al país, que ha dejado cerca de 4 mil asesinatos solo en 2010 y cuando se ha hecho publica la existencia de un fuerte cartel de drogas en la zona occidental. 

Al parecer Funes se acoge nuevamente a la actividad castrense para buscar disminuir o controlar los niveles de violencia que aquejan a la población salvadoreña y esta vez pretende usar la educación militar como estandarte de su lucha. 

En su discurso de rendición de cuentas del segundo año de gestión ante el congreso salvadoreño el mandatario anunció una serie de medidas para combatir la delincuencia; la principal es la aplicación del “Servicio Militar Obligatorio de Protección Civil”, que pretende la inserción de jóvenes en riesgo a la vida productiva del país. 

“El proyecto es integrar para su protección a 5.000 jóvenes en riesgo de ingresar a las pandillas. Durante 6 meses recibirán orientación para su rehabilitación a través de adiestramiento militar sin armas y formación vocacional para generar un cambio de conducta”, dijo Funes ante el pleno legislativo. 

El Presidente detalló que se crearan los Centros de Formación Ciudadana para albergar a los jóvenes y que se les designara un monto económico mensual a modo de salario. 

“Confiamos en que esta nueva iniciativa tendrá un muy alto impacto en materia de prevención del delito y la violencia en el país”, acotó el mandatario. 

Ministro de Defensa, David Munguía Payés, dijo que la medida anunciada por Funes tiene a la base diferentes propuestas hechas tanto por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). 

“Es un servicio militar sin armas (…) la idea es ayudar, sacarlos de esa situación de riesgo, darles un salario digno y enseñarles un oficio y darles una orientación dentro de la formación militar a la protección civil”, dijo Payés a la prensa. 

El jefe militar señala que el monto a invertir será entre 54 y 60 millones de dólares anuales y que la selección de los jóvenes se hará en combinación de las instituciones encargadas de la seguridad en el país. 

“Todavía estamos trabajando en criterios de selección de los jóvenes, de las áreas, del procedimiento”, acotó el ministro de defensa. 

Payes destacó que las edades de los seleccionados oscilaran entre los 14 y 17 años, un rango menor del que se aplica al servicio militar tradicional, que inicia desde los 18 años.   

En torno a este punto, Nelson Flores, de la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD), señala que para que el gobierno aplique esta medida debe realizarse una reforma a la Constitución de la República. 

“El articulo 215 establece que es obligatorio (el servicio militar) para jóvenes de 18 años hasta los 30 años, asimismo se necesita para reformar la constitución dos asambleas legislativas, es decir, la que aprueba la reforma y la que ratifica dicha reforma”, dijo Flores a ContraPunto. 

Manuel Melgar, Ministro de Justicia y Seguridad, dice que hay elementos que aun no están del todo claros para la aplicación de la medida, incluyendo los de las reformas. 

“En determinado momento va haber que traer algunas reformas probablemente a la Asamblea Legislativa”, dijo el funcionario a la prensa.   

La actual legislatura acaba el próximo uno de mayo, en 11 meses, y seria necesario que los diputados se pongan de acuerdo para realizar dicha reforma y que la siguiente legislatura la ratifique, lo que significa que la medida puede estarse aplicando en aproximadamente un año más. 

Flores dice que la disposición que pretende poner en marcha el Ejecutivo no es la más viable para mermar los niveles de violencia en el país y hace votos por medidas más integrales que no involucren una formación militar. 

“Nosotros creemos que es otro tipo de medidas de rescatar a estos jóvenes (…) abriéndoles oportunidades de trabajos, de aprender oficios, de rescatar de la violencia a la misma comunidades; y no es con este tipo de medidas que esta anunciando el presidente”, enfatizo Flores. 

Partidos en consonancia 

En pocas ocasiones las diferentes fracciones legislativas logran ponerse de acuerdo cuando se tratan temas de gran empegadura en su interior pero al parecer el tema de seguridad en varias ocasiones ha logrado ser un “parte aguas”. 

Roberto Lorenzana, diputado del FMLN, manifestó que su partido “simpatiza con la idea”  propuesta del servicio militar obligatorio y no ven ningún inconveniente en su aplicación. 

“Yo creo que el país debe tomar medidas fuertes  para el combate a la delincuencia y robarle a la delincuencia los viveros, impedir que los jóvenes lleguen a las filas de la delincuencia es muy importante para nosotros”, dijo a la prensa.  

Por su parte Antonio Almendáriz, diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN), aplaude la iniciativa y señala que “por fin se oyen unas medidas preventivas” como el servicio militar obligatorio. 

“Me parece muy buena y que es digno de apoyarse (…) es más costoso la persecución del delito al tener más policías, en tener más cárceles; y más beneficioso el prevenir que las personas ingresen a ese sistema de violencia”, manifestó el pecenista.  

¿Los tiempos? 

El servicio militar obligatorio para jóvenes en riesgo es una de las medidas más ambiciosas que la administración Funes ha pretendido implementar desde que el ejercito brinda apoyo a la policía en materia de seguridad y la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, pero al parecer los funcionarios no logran ponerse de acuerdo o no manejan todos la misma información del proyecto. 

En su discurso Funes decía que la medida se aplicaría en un lapso de seis meses, los jóvenes estarían bajo un régimen militar y formación en vocacional, en tanto el Ministro de Defensa maneja la cifra de dos años de servicio militar. 

“La idea es que los últimos seis meses le demos a ellos una capacitación profesional, de tal manera que cuando terminen los dos años sean ciudadanos que se puedan incorporar a la vida productiva del país”, explicó Payés.  

Por su parte el Ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, dice que los plazos no estas establecidos. 

“La idea central que tenemos es que va a durar por lo menos más de un año”, apuntó Melgar. 

Entre “Manos” y servicio militar obligatorio 

Durante la gestión de Funes se han aplicado una serie de medidas para el combate a los altos niveles de delincuencia que imperan en el país. Entre los más ambiciosos se encuentran el incremento al número de efectivos militares que acompañan a la PNC en tareas de seguridad y la creación de la Ley de Proscripción de Pandillas. 

La primera es de naturaleza disuasiva y la otra netamente de represión, mientras en las gestiones anteriores se aplicaron solo medidas represivas: La “Mano dura” de Francisco Flores (199-2004) y la “Súper Mano Dura” de Antonio Saca (2004-2009). Dichas “manos” no redujeron significativamente la delincuencia. 

Ahora la propuesta de Funes de implementar el servicio militar obligatorio a jóvenes en riesgo de ingresar a las pandillas, en teoría pretende botar con la costumbre de solo aplicar medidas represivas. En su momento Saca planteo un plan alterno llamado “Mano extendida” pero éste no cuajó. 

Según lo expresado por el mandatario y sus funcionarios de seguridad, la medida pretende insertar a los jóvenes en la sociedad y alejarlos de los factores de riesgo mediante la internación bajo disciplina militar y educación vocacional. 

Sin embargo, el presidente no planteó ni hizo alusión a la aplicación de una medida que se pretendió impulsar tras la entrada en vigencia de la Ley de Proscripción de Pandillas: la Ley Especial de Retiro y Rehabilitación de Miembros de Pandillas, Maras, Agrupaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, como complemento de la ley de proscripción e incluida en su articulado. 

Según decía el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Henry Campos, la normativa trataría de dar una oportunidad para los miembros de pandillas que quieran “reinsertarse a la sociedad”. 

Según Campos la ley sería para “personas que no han sido procesadas por delitos graves; personas que han sido procesadas pero ya se encuentra extinguida la responsabilidad penal; también personas que aunque estén en prisión llenen los requisitos para poder optar a una medida de rehabilitación”. 

En teoría la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública sería la encargada de coordinar la creación de un Programa Nacional de Rehabilitación.  

Hasta el día de hoy el proyecto de ley no ha llegado a la Asamblea Legislativa y Funes no lo mencionó en casi una hora de discurso. Ningún otro funcionario ha hecho alusión alguna a él desde que en octubre de 2010 Henry Campos diera esas declaraciones a ContraPunto. 

Otras medidas 

Entre las medidas que anunció Funes se encuentra el aumento de 1.000 agentes de la PNC y ampliar el accionar territorial conjunto de las Fuerzas Armadas y la policía mediante un plan de “flexibilización”. 

Otra de las medidas importantes que anunció el gobernante es la creación de una comisión evaluadora que los casos que lleva la Fiscalía General de la República. 

“El objetivo de esta comisión será agilizar las investigaciones y coordinar esfuerzos para facilitar la aplicación de la justicia de manera más expedita. Además, esta comisión tendrá especial relevancia para la aplicación de la ley de Proscripción de Pandillas”, expuso Funes en el seno legislativo. 

El Fiscal General de la Republica, Romeo Barahona, señaló que no es una comisión evaluadora de toda su labor sino que de seguimiento a casos particulares. 

“Yo esperaría ver detalles específicos como qué van a ser las facultades, las atribuciones, cuáles casos vamos a ver. (…) Debe existir una buena cooperación interinstitucional para el fortalecimiento de las investigaciones en este país”, sentenció el fiscal.  

Dicha comisión estaría integrada por el Secretario de Asuntos Estratégicos, el Fiscal General, el Ministro de Justicia y Seguridad, el Ministro de Defensa, el director de la PNC y 15 fiscales especializados. 

Al iniciar el tercer año de mandato de Mauricio Funes al frente del órgano Ejecutivo la economía y seguridad se vuelven temas vitales de su gobierno, y que se han vuelto su “talón de Aquiles”, cuando las encuestas han demostrado una erosión en la imagen del mandatario.  

Según un estudio del Banco Mundial en El Salvador la violencia genera costos equivalentes al 11% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, un costo anual en el orden de los 2.200 millones de dólares.

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