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Noticias de El Salvador - ContraPunto

Julio 30 / 2014

¿Qué es un pacto fiscal?

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Por Saúl Díaz Ortiz (*)

El pacto fiscal no es un instrumento reciente, en América Latina se han venido utilizando desde la década de los 90´s

 

SAN SALVADOR - De acuerdo al artículo “El Pacto fiscal: fortalezas, debilidades, desafíos” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pacto fiscal es “un acuerdo político explícito o implícito de los distintos sectores sociales sobre qué debe hacer el Estado, ayuda legitimar el nivel, composición y tendencia del gasto público y de la carga tributaria necesaria para su financiamiento”. En este sentido, es difícil estar en desacuerdo con la intención de coincidir en cuanto a la cantidad, destino y origen de los recursos que el Estado debe tener para cumplir con los objetivos de desarrollo de un país.

 

El pacto fiscal no es un instrumento reciente, en América Latina se han venido utilizando desde la década de los 90´s teniendo aciertos y desaciertos como cualquier herramienta de carácter político.

 

En Chile durante los 90´s se llegó a un exitoso pacto fiscal que otorgó los recursos para financiar programas sociales que redujeran la pobreza y contribuyeran al desarrollo del país. En esa ocasión la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición de partidos políticos de centro-izquierda), tomó el liderazgo y consiguió acordar con representantes de toda la sociedad llevar a cabo una reforma fiscal que involucró principalmente al IVA y al impuesto sobre la renta.

 

En Brasil, un pacto fiscal implícito ha permitido que este país posea una de las mayores cargas tributarias (proporción de ingresos tributarios en relación al Producto Interno Bruto) de toda América Latina. Sin embargo, de acuerdo con E. Lora en su texto “El futuro de los pactos fiscales en América Latina”, la complejidad y alto nivel de burocracia del sistema fiscal brasileño (con discusiones entre gobiernos federales, estatales y el ramo legislativo) no ha permitido llegar a un pacto fiscal explícito que derive en una reforma fiscal integral que pueda otorgar todos los recursos que puedan generar el gasto público necesario para ejecutar ciertos programas dirigidos hacia la clase media de Brasil.

 

En Centroamérica ha habido dos experiencias con resultados parciales, una se ha dado en Guatemala en donde los Acuerdos de Paz de 1996 estipularon incrementos en el gasto público y en la carga tributaria. A pesar de esto, no se establecieron los mecanismos de negociación para determinar cuál sería el camino a seguir en la consecución de dichas metas. Luego de los Acuerdos de Paz han existido diversos esfuerzos en establecer un pacto fiscal que entregue ese camino a seguir pero aún no se han dado los resultados políticos necesarios.

 

La otra experiencia ha sido en Costa Rica, en donde se han intentado llegar a acuerdos fiscales sin éxito debido a que al parecer, la sociedad costarricense ha perdido la confianza en los mismos. Esto se debe a que varias administraciones han realizado debates públicos cuyos acuerdos han sido bloqueados por el Congreso o por la sala de lo constitucional de ese país.

 

En este sentido, se puede ver que los pactos fiscales no son exitosos por sí mismos, sino que deben tomar en cuenta muchos factores para poder concluir en acuerdos sostenibles y que dibujen el camino para lograr dichos acuerdos.

 

Dentro de muchos textos se describen ingredientes necesarios para que un pacto fiscal sea fructífero, en esta parte del artículo trataré de describir los componentes que personalmente creo deben ser tomados en cuenta para la realización de un pacto fiscal en El Salvador:

 

- Liderazgo político claro: En este caso el Presidente de la República debe tomar la batuta y guiar toda la discusión necesaria para obtener un pacto fiscal, se debe recordar que esta es una herramienta política y el líder es el que debe encargarse de dirigir todas las fuerzas de la sociedad hacia un mismo camino.

 

- Inclusión, en cuanto sea posible, de todas las instituciones políticas con representación en la Asamblea Legislativa: Si se toma en cuenta que los diputados en el congreso tienen la potestad de tomar muchas de las decisiones en cuanto a los ingresos y egresos del Estado, los partidos políticos deben escuchar y opinar sobre cuáles serán los mecanismos para financiar el gasto público necesario para el desarrollo del país.

 

- Participación de la sociedad civil en su conjunto: además de la clase política debe tomarse en cuenta con igual importancia la opinión de Universidades, tanques de pensamiento, empresa privada y organizaciones civiles. Este debate debe ser preciso y de altura para evitar reuniones en donde lo más relevante sea el momento del “coffee break”.

 

- El pacto es un acuerdo no necesariamente unánime: no debe esperarse que todos coincidan exactamente en un punto para poder dar por terminado el tema. Se debe tomar en cuenta que la unanimidad en este tipo de tópicos es prácticamente imposible e iniciar con condiciones inamovibles puede ser un error. A pesar de lo anterior, la discusión debe llevarse a cabo en términos razonables y aunque nada está escrito en piedra, el objetivo de contribuir al desarrollo del país no debe perderse de vista por ningún motivo.

 

- La única fórmula viable es la que está estrictamente diseñada para El Salvador: la parte técnica del pacto debe ser diseñada tomando en cuenta la realidad del país únicamente.

 

- Tomar como referencia (y como nada más) la experiencia de otros países es de carácter muy valioso pero un ejercicio de adecuación es vital para el éxito de esta herramienta.

 

- La brevedad del debate es clave: Entre más tiempo tarde la discusión entre las partes, esta puede perder validez. Esto no quiere decir que deben tomarse a la ligera los temas a discutir, pero si se hace con una buena planificación (incluyendo divisiones del trabajo, agenda, reglas, etc.) el tiempo se usará de la manera más eficiente posible.

 

- La confianza entre los involucrados debe ser garantizada: Un pacto fiscal es un acuerdo y como cualquier acuerdo entre dos o varias partes, este está condicionado a la confianza que exista entre las mismas. Por lo anterior, la transparencia es el pilar de esta herramienta, sin esta no existe posibilidad de evaluación y los involucrados no tomarán en serio su rol activo (desestimando la importancia de financiar el gasto público que finalmente retornaría hacia ellos mismos en forma de programas estatales de diversa índole).

 

Tomando en cuenta estos componentes puede obtenerse el mayor provecho de una herramienta política que tiene por objetivo a que todos los actores sociales unifiquen esfuerzos para financiar y vigilar el gasto público necesario para el desarrollo de un país.

 

(*) Economista y Redactor de ContraPunto

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