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Noticias de El Salvador - ContraPunto

Agosto 01 / 2014

Comunicado de la CCPVJ y otras organizaciones sociales ante la situación de inseguridad en El Salvador

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COALICIÓN CENTROAMERICANA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL (CCPVJ)
Desde 2003 el país no ha logrado bajar de 3,000 homicidios al año, período de la implementación de los Planes Mano Dura y Súper Mano Dura


SAN SALVADOR-La CCPVJ, junto con otras organizaciones de sociedad civil, ante la continuidad de un enfoque de políticas represivas en el país, que ha llevado durante los últimos años a una grave situación de inseguridad, la justificación sobre la necesidad de utilizar la presencia militar en tareas de seguridad pública y la posible implementación de un régimen de excepción en El Salvador, EXPRESA:  
desde 2003 el país no ha logrado bajar de 3,000 homicidios al año, período de la implementación de los Planes Mano Dura y Súper Mano Dura
Que en comunicado de prensa publicado el día 26 de octubre de 2009 la CCPVJ manifestó su desacuerdo y preocupación ante la propuesta de utilizar a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en tareas de seguridad pública, siendo estas responsabilidad de la Policía Nacional Civil (PNC).

Hasta la fecha es lamentable que, a pesar de la intervención de la FAES en el ámbito de seguridad pública, mediante los denominados Grupos de Tarea Conjunta con la PNC, implementados desde la administración de Francisco Flores, no se ha logrado obtener los resultados esperados en la reducción de los índices de homicidios y la comisión de delitos; por el contrario, desde 2003 el país no ha logrado bajar de 3,000 homicidios al año, período de la implementación de los Planes Mano Dura y Súper Mano Dura, en el 2004, en las administraciones de Francisco Flores y Antonio Saca, obteniendo como resultado elevados y constantes índices de homicidios, y un proceso de complejización de la situación de violencia en el país. 

Por su parte, el Presidente Mauricio Funes, quién en su oferta de campaña dijo que promovería un enfoque integral para el abordaje de la violencia juvenil, decretó la utilización de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública como parte de su Plan Anticrisis, con lo que pretendía reducir los homicidios y la criminalidad en los municipios de mayor inseguridad. Esta medida fue implementada en noviembre de 2009 para un período de seis meses, cuando el país reportaba un promedio diario de 12 homicidios; sin embargo, a tres meses de haberse ejecutado esta estrategia los índices se mantienen. A pesar de ello, el Ministro de la Defensa Nacional, Cnel. David Munguía Payés, ha promovido respuestas represivas -que distan poco de los Planes Mano Dura y Súper Mano Dura-, siendo la más preocupante la implementación de un Régimen de Excepción, situación que no ha sido experimentada por la sociedad salvadoreña desde la finalización del conflicto armado. 

El Ministro de Defensa ha sugerido que las leyes y los derechos establecidos en el país, y que se encuentran enfocados al respeto de la dignidad humana, son obstáculos para el ejercicio de sus funciones, cuando es la deficiente aplicación efectiva de las leyes y la poca coordinación operativa en el terreno por parte de policías, jueces y fiscales la que no ha permitido tener mejores resultados en la persecución y sanción del delito. Al mismo tiempo, estas declaraciones donde se asume que el sistema no funciona y que las leyes y derechos son obstáculo, así como la sugerencia de que la población se proteja por sí misma a través de la adquisición de armas, puede alentar a que grupos ilegales realicen actos de “limpieza social” y amenacen la aplicación de la justicia dentro de un Estado de derecho. 

Estas acciones no son coherentes con el discurso orientado hacia la prevención de la violencia, el cual ha sido la apuesta de las instituciones gubernamentales encargadas de la seguridad pública, entre ellas el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil, PNC, quienes en sus planes de trabajo han reconocido la prevención como parte importante para el abordaje de la violencia en El Salvador. 

Al enfrentar un problema de gran complejidad como la inseguridad que agobia a nuestro país, la descoordinación y las acciones contradictorias entre la Presidencia y el gabinete de seguridad preocupan a la CCPVJ debido a que las acciones inmediatistas y sin el suficiente análisis de las repercusiones posibles han llevado siempre a atacar los efectos de la violencia, descuidando las causas estructurales de esta. 

Por otra parte, no se han tomado en cuenta o se han minimizado las violaciones a Derechos Humanos realizadas por parte del ejército en el ejercicio de actividades propias de la PNC, en donde las principales afectadas han sido siempre las comunidades marginales, quienes han sufrido vejámenes, maltratos y hasta torturas por parte del cuerpo militar. Recientemente, la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador denunció públicamente algunos casos de violaciones a derechos humanos efectuados por la fuerza militar en las comunidades donde tienen presencia. Además, existen otras violaciones que no han sido denunciadas formalmente, pero que son del conocimiento de las organizaciones de sociedad civil que trabajan en esos territorios.

La CCPVJ manifiesta su preocupación y repudio por las amenazas a la integridad física del Procurador de Derechos Humanos Lic. Oscar Luna y su familia, y se solidariza con ellos ante estas acciones que perjudican nuestra democracia.

Por lo anterior, la CCPVJ reitera su desaprobación a la participación de militares en tareas de seguridad pública y rechaza rotundamente cualquier iniciativa de aplicación de un Régimen de Excepción para combatir la violencia en nuestro país. En tal sentido, DEMANDA al presidente de la República Mauricio Funes Cartagena:

   1. Retirar de forma inmediata a la Fuerza Armada de las tareas de seguridad pública;

 

   2. Rechazar cualquier iniciativa de aplicación de Régimen de Excepción para combatir la violencia, ya que esto atenta con la frágil democracia que el país se encuentra construyendo como producto de los acuerdos de paz;

 

   3. Iniciar procesos efectivos de modernización, fortalecimiento y reorganización de las instituciones vinculadas con la investigación del delito y la rehabilitación de infractores. Para ello, es necesario revisar la asignación presupuestaria actual y asignar la adecuada para el cumplimiento de sus mandatos constitucionales.

 

   4. Realizar acciones coherentes con sus promesas de campaña, la cual enfatizaba la necesidad de realizar un abordaje integral al problema de la violencia y criminalidad en el país, apostando a la prevención del delito y a la mejora de condiciones de vida para los y las ciudadanas.

 

   5. Impulsar un pacto social con los sectores tradicionalmente excluidos en los procesos de diálogo y negociación con el fin de establecer medidas a corto, mediano y largo plazo que promuevan su efectiva inserción social.

 

   6. Exigir a la Fiscalía General de la República la inmediata investigación respecto a las amenazas a la integridad física del Procurador de Derechos Humanos, Lic. Óscar Humberto Luna y su familia.

 

   7. Fortalecer la capacidad investigativa de la PNC y la Fiscalía General de la República, con el fin de investigar y aplicar justicia frente a la comisión de delitos efectuados por el crimen organizado y el narcotráfico, reconociendo que estas organizaciones también son responsables de la violencia y la criminalidad en el país.

 

   8. Diseñar y ejecutar políticas públicas integrales que, además de enfrentar sus efectos en lo inmediato, contemplen superar las causas generadoras de la violencia y la criminalidad. Esto pasa por trabajar en la prevención de la violencia, la persecución del delito, la rehabilitación y la inserción social.

 
 

San Salvador, 28 de enero de 2010. 

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