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Noviembre 22 / 2014

El golpe de Estado del 15 de octubre de 1979

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Luis Armando González (*)

Los dinamismos del país apuntaban a la guerra, por ello no se consolidaron las reformas

SAN SALVADOR - El Salvador de los años setenta era escenario de muchas violencias. Un foco central de violencia era el Estado militarizado, que ha sido desbordado por el movimiento social organizado y por la actividad de los grupos armados de izquierda. A estas alturas, sobre todo desde que entra en vigencia la “Ley de Defensa y Garantía del Orden Público”, promovida por el general Humberto Romero, el orden institucional-constitucional establecido ha colapsado. Todo está en manos, con una casi total discrecionalidad, del presidente de la República y los aparatos de coerción que dependen de su voluntad.

En septiembre de 1979, un conjunto de organizaciones, entre las que destacan el Partido Comunista Salvadoreño (PCS),  FAPU y LP-28, promueve un “Foro Popular”, en un intento de resolver el impasse socio-político de El Salvador.  El gobierno de Romero se niega a atender la opción abierta por el Foro Popular, otras organizaciones populares no se suman al esfuerzo, la represión no se detiene, los escuadrones de la muerte continúan operando… y en septiembre El Salvador está al borde del precipicio. Es en este marco que un grupo de militares jóvenes, en alianza con un grupo de civiles de trayectoria democrática, decide deponer, mediante un golpe de Estado, al general Romero.

El golpe se produce el 15 de octubre de 1979, dando lugar a la instauración de una Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG), integrada por el entonces rector de la UCA Román Mayorga Quiroz, Mario Andino, Guillermo Manuel Ungo y los coroneles Adolfo Arnoldo Majano y Jaime Abdul Gutiérrez.

En su proclama, los golpistas reconocen los males políticos de El Salvador –-fraudes, resistencia al cambio, caos económico y social, violencia, falta de democracia— y proponen un conjunto de medidas que, a su juicio, sacarán al país del atolladero en el que se encuentra: cese a la violencia y la corrupción, lo cual supone disolver ORDEN y combatir a las organizaciones extremistas que violan los derechos humanos; erradicar prácticas corruptas en la administración pública y de la justicia; garantizar el respeto de los derechos humanos; crear un clima para convocar a elecciones libres; permitir el pluralismo ideológico, de forma que se fortalezca la democracia; reconocer el derecho de sindicalización; adoptar medidas que lleven a una mejor distribución de la riqueza; crear las bases para un proceso de reforma agraria; impulsar reformas en el sector financiero; y garantizar el derecho a la vivienda.

Algunos sectores del país son optimistas con el arribo al poder de esta Junta Revolucionaria de Gobierno. Fue el caso de Monseñor Romero, quien vio en la Junta la posibilidad de abordar el tema de los reos políticos y las personas desaparecidas. Más aún, esta coyuntura le permite a Monseñor Romero desafiar a la Corte Suprema de Justicia para que cumpla con su compromiso, plasmado en un pronunciamiento suyo, de garantizar los derechos humanos reconocidos universalmente.

En un ambiente de mayor estabilidad socio-política –-y de menos violencia política emanada de los cuerpos de seguridad y los escuadrones de la muerte— la Junta Revolucionaria de Gobierno quizá hubiera podido avanzar en sus propósitos reformistas. Pero los dinamismos del país apuntaban en otra dirección: en la dirección de un desenlace sangriento.

(*) Politólogo y colaborador de ContraPunto

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